Alberich ha sido miembro de la AEDED (Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Reciclaje) durante más de 15 años.

Nuestra compañera Magda Gall, responsable de obra y RCDs de Alberich en la división de demoliciones industriales, cuenta con 25 años de experiencia en el sector. Recientemente, ha contribuido al anuario de AEDED 2024 con dos artículos donde reflexiona sobre la nueva legislación en materia de demolición selectiva y su impacto en la sostenibilidad del planeta, pensando en el futuro de nuestros hijos y las nuevas generaciones.

 A continuación, presentamos el primer artículo:

En el ámbito de la Construcción y demolición se habla mucho estos últimos meses sobre la aplicación de la “NUEVA LEY DE DEMOLICIÓN SELECTIVA” pero en realidad no es otra que la misma LEY 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que todos los profesionales del sector conocemos.

Como bien sabemos, dicha norma contempla diferentes cambios respecto a las anteriores en materia de residuos porque tiene como máximo objetivo impulsar una economía circular en toda la cadena de valor de los mismos.

Por ello, esta normativa introduce restricciones a determinados productos de plástico de único uso e intensifica la fiscalidad por medio de impuestos y el control en materia de residuos, mediante digitalización y trazabilidad.

¿Pero en qué medida nos afecta más ahora y por qué nos referimos a ella como la nueva ley de demolición selectiva?

En su artículo 30, dedicado específicamente a los RCD’s (residuos de la construcción y demolición) dicha Ley hace especial referencia a:

La separación de los RCD no peligrosos de los peligrosos con especial hincapié en el amianto, el cual se sigue gestionando de manera inadecuada en muchos casos.

El impacto medioambiental producido por no haber realizado una correcta separación de los residuos peligrosos no solo es paisajístico, sino también de contaminación química sobre el suelo, aguas subterráneas y aire, con todos los efectos que ello pudiera tener para la salud de las personas.

La obligatoriedad (a partir del 1 de julio de 2022) de clasificar los RCD en fracciones, que ya conocemos y ponemos en práctica, teniendo en consideración que una buena y correcta clasificación y segregación de los residuos a pie de obra aumenta los porcentajes y ratios de recuperación en plantas de valorización.

Muchos residuos de la construcción y demolición pétreos podrían ser debidamente valorizados, pero quedan contaminados por otros RCD no pétreos, lo cual dificulta e imposibilita la valorización.

La obligatoriedad de realizar una demolición selectiva a partir del 2024, lo cual provoca la aparición (a nivel de lenguaje común entre los profesionales del sector de la demolición) de nuestra mencionada y muy activa “nueva ley de demolición selectiva”. No se puede hacer una correcta separación de los RCD en obras sin una demolición adecuada, ordenada y previamente planificada.

Como consecuencia de la aplicación y cumplimiento de esta normativa, podemos hablar de dos tipologías de demolición: la demolición tradicional y la demolición selectiva. A diferencia de la demolición tradicional, en la que se genera una gran cantidad de residuos que se acumulan posteriormente en los vertederos y provocan un importante impacto medioambiental, la demolición selectiva permite tanto la valorización de los RCD generados como materias primas secundarias así como la reutilización de componentes y partes revalorizables, dándoles una segunda vida. 

Ahora bien, la demolición selectiva requiere un profundo estudio en materia de gestión y valorización de los residuos de la obra, contemplando tanto los factores limitantes (costes, duración, espacios, ubicación) como los beneficios económicos que se pueden obtener, Es por ello que la viabilidad económica y medioambiental de una obra de demolición selectiva se debe analizar de forma individual, por sus propias características, condicionantes y particularidades.

Por todo lo explicado anteriormente, para que una demolición selectiva sea viable, previo inicio de los trabajos ya se debe conocer la secuencia de actuaciones para mantener en todo momento, durante la ejecución y hasta la finalización de la obra, un equilibrio entre el coste asociado a los trabajos de separación y clasificación de los RCD generados y los beneficios económicos y medioambientales que se pueden obtener.

Concluyendo, para dar cumplimiento a la “nueva ley” y por el bien general de todos, una demolición selectiva es siempre preferible a una tradicional por sus grandes beneficios, tanto cuantitativos como cualitativos. Llevando a cabo una demolición selectiva, cuando sea viable, se reduce la dependencia de materias primas preservando los recursos naturales del planeta y se reducen los costes globales de demolición a través del ahorro de tasas de vertido y de los ingresos generados por la venta de estas materias primas secundarias.